Cuando
Baltasar Garzón se inhibió y traspasó la tarea de una posible investigación de
los crímenes del franquismo a los juzgados de instrucción locales de los
partidos judiciales donde se habían producido solicitudes de investigación de
esos hechos, hubo dos de esis juzgados que rechazaron esa inhibición ya que
consideraron que sí debería ser la Audiencia Nacional
Así,
el Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial rechazó que la investigación
fuera competencia suya y que debería ser la Audiencia Nacional quien completara esos sumarios. Unos días antes, el Juzgado de Instrucción de número 3
de Granada se pronunció en el mismo sentido respecto de la búsqueda y exhumación
de la fosa de Federico García Lorca. Estas actuaciones provocaron lo que, en la
jerga que usan los profesionales del Derecho, se denomina Cuestión de
Competencia.
Para
entendernos, como hay opiniones discrepantes, debe ser el Tribunal Supremo quien
dictamine a quien le corresponde la exhumación de las fosas. Esta sencilla
cuestión debía ser muy complicada de resolver para los exhaustos magistrados ya
que se encontraba planteada (y sin dirimir, claro está) desde julio de 2009, es
decir, desde hace más de dos años y medio…
Además,
a cualquiera con dos dedos de frente, le habría parecido más lógico resolver
esta cuestión antes de procesar a Baltasar Garzón por posible prevaricación al
haberse declarado, en un principio, competente para llevar a cabo esa
tarea, ya que si hubieran resuelto que debía ser la Audiencia Nacional
Lo
cierto es que, una vez dictada sentencia absolutoria en el sumario contra
Garzón (siempre nos estamos refiriendo a la causa abierta por los crímenes del
franquismo), el contenido de esa resolución dejaba muy claro que los más altos
magistrados del estado no se consideraban calificados para proseguir la
investigación del holocausto español. Según parece, la Audiencia Nacional sí
Vergonzoso.
En
este sentido (¡por fin!) ya han tomado una decisión: deben ser los juzgados locales quienes asuman esa labor… tal
como sostenía Garzón, al inhibirse allá por noviembre de 2008.
Pincha en la imagen para leer la resolución completa
Es
decir, MÁS DE TRES AÑOS mareando la perdiz para acabar dando la razón –en este
asunto- a Baltasar Garzón. ¿Es admisible esa demora? ¿No deberían avergonzarse
de su desidia? ¿Son conscientes los magistrados que durante este tiempo muchas
de las personas que esperaban recuperar los restos de sus familiares más
allegados han fallecido al estar paralizadas sus demandas en varios juzgados que
esperaban la resolución de esta disputa?
Pero
lo que es más grave, y es algo en lo que nadie parece haberse dado cuenta, es
que han caído en una tremenda contradicción. En el apartado Primero del
Capítulo Segundo de la
Sentencia del proceso a Garzón del pasado 27 de febrero, se
especifica literalmente:
La búsqueda de la verdad es
una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de
otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y
profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción, cuya función aparece
definida en la ley procesal con un objeto de indagación que se va concretando
en el devenir procesal y ve limitado su ejercicio por las normas que rigen el
proceso penal y el derecho penal sustantivo. Es preciso un hecho con apariencia
de delito y un posible imputado vivo.
Pues
bien, ahora, en el Auto que resuelve la Cuestión de Competencia publicado el día 28,
Ante
el nivel de xxxxxxxxx (nos autocensuramos no sea que también nos vayan a multar
por opinar) de la Justicia
española, esperamos ansiosos y esperanzados la próxima visita a nuestro país de
María Servini de Cubría, la juez argentina que mantiene abierta la investigación
de los crímenes de franquismo.
Baltasar
Garzón abrió la puerta a la Justicia
Universal.
Ojala
Argentina sea esa puerta abierta que nos cierran en España.
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